Copia del oficio dirigido al virrey en cumplimiento de un superior decreto que ordena informar sobre los hechos expuestos por el vicario foráneo de la Villa de Luján y por Nicolás Montiel respecto de Miguel Hernández, y, de corresponder, proceder judicialmente contra este último. El juez justifica la demora en la remisión del informe, señalando que aguardó la promoción formal de la acción judicial para contar con elementos probatorios suficientes y evitar fundar su dictamen en rumores o noticias extrajudiciales. Refiere los antecedentes de la controversia iniciada por Montiel en 1797, relativa a unos supuestos esponsales entre Miguel Hernández y Juana Manuela Montiel, indicando que remitió su conocimiento al vicario y que este desestimó la demanda. Examina asimismo las restantes acusaciones formuladas por Montiel y por el vicario —entre ellas la supuesta presencia de Hernández en la habitación de la hija de Montiel y otro presunto escándalo atribuido al acusado—, manifestando que carecen de comprobación suficiente, que existen contradicciones entre las versiones de ambos denunciantes y que no se produjeron actuaciones judiciales que las acreditaran. Cuestiona la legalidad del procedimiento seguido por el vicario al intimar el destierro de Hernández sin prueba ni proceso previo, rechaza las imputaciones de parcialidad dirigidas contra su actuación y pone de relieve las inconsistencias de las denuncias presentadas. Concluye remitiendo el informe para que el virrey resuelva lo que estime más conveniente.

Copia del oficio dirigido a la Real Audiencia en el que el juez ordinario de la Villa de Luján comunica haber dado cumplimiento a la acordada que ordenaba el destierro de Alberto Gómez, informando que la medida fue ejecutada conforme a lo dispuesto por el superior auto.

Asimismo, devuelve el despacho requisitorio de receptoría librado a solicitud de Felipe Meneses en el marco del expediente de disenso matrimonial que se encuentra en consulta ante ese tribunal.

Copia del oficio dirigido a la superioridad en el que el alcalde ordinario de la Villa de Luján da cumplimiento al decreto de 18 de noviembre de 1799, remitiendo la sumaria original instruida contra Jacinto Paiva e informando nuevamente sobre las causas que motivaron su expulsión de la Villa por disposición del regidor decano Martín Lobo. Reproduce el informe elevado con anterioridad en cumplimiento del decreto de 3 de agosto, en el que se expresa que la sumaria acreditaba que Paiva, vecino de Buenos Aires, había abandonado a su esposa, no contribuía a su manutención y mantenía una conducta pública considerada escandalosa por su embriaguez habitual y reiterados desórdenes, circunstancias que motivaron la orden de regresar a su domicilio conyugal bajo apercibimiento de ser remitido al superior gobierno si incumplía la disposición.

Asimismo, el alcalde informa que remite la sumaria original, dejando copia autorizada en el juzgado, y agrega que, de estimarse necesario, podían recibirse declaraciones de sacerdotes y vecinos principales de la Villa para acreditar la conducta escandalosa y la falta de probidad de Jacinto Paiva. Añade antecedentes sobre la venta irregular de unos autos criminales, otros hechos atribuidos al interesado y las reiteradas prisiones que, según afirma, este había sufrido. Finalmente, deja a consideración la superioridad la resolución del asunto, manifestando que las alegaciones formuladas por Paiva carecen de fundamento.