Acta de la reunión del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján, celebrada el 15 de mayo de 1792.
Asistieron Pedro Francisco Torres, alcalde ordinario; Manuel de la Riva, regidor decano; José Antonio González, alguacil mayor; Victorino Cheves, regidor defensor general de menores; y Judas Tadeo Abrego, defensor de pobres.

En el curso de la sesión, el alcalde ordinario expuso que diversas diligencias de justicia quedaban frustradas por falta de auxilio competente. Señaló que, si bien en los casos necesarios había solicitado apoyo al sargento mayor, no siempre se había impartido la orden correspondiente a un capitán para que prestase el auxilio debido. Agregó que los capitanes y sus hombres, quienes se sostenían de sus propias labores, en muchas ocasiones no podían concurrir con la prontitud requerida, llegando el auxilio cuando ya no era necesario, con lo cual la administración de justicia quedaba en notable desamparo.

Ante esta situación, propuso que se deliberase lo conveniente a fin de evitar que la real justicia quedase desatendida y que los malhechores permaneciesen sin castigo.

Enterados los capitulares, y de común acuerdo, resolvieron que únicamente el excelentísimo señor virrey, en su calidad de capitán general, podía remediar tal necesidad. En consecuencia, acordaron que se sacara copia del presente acuerdo y, con el correspondiente oficio suplicatorio, se le representase lo ocurrido, a fin de que se sirviese proveer lo que estimase más conveniente.

Acta de la reunión del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján, celebrada el 17 de enero de 1818.

En dicha fecha se reunieron Salvador Aguirre, alcalde ordinario; Francisco Antonio Sosa, regidor decano; Juan Manuel Quevedo, alguacil mayor; y Severino Piñero, regidor defensor general de pobres.

Durante la sesión, el alcalde ordinario planteó la necesidad de nombrar tenientes alcaldes en los distintos partidos de la jurisdicción, con el propósito de agilizar la administración de justicia en zonas alejadas de la cabecera y prevenir la impunidad de delincuentes que aprovechaban la distancia respecto de las autoridades. Considerando esta situación, los capitulares acordaron facultar tanto al alcalde ordinario de la Villa como a los alcaldes de Hermandad de los demás pueblos para nombrar y expedir títulos a los tenientes alcaldes que estimasen necesarios para la seguridad y protección de los vecinos.

Asimismo, el Cabildo trató la situación de Antonio Reynoso, recientemente designado alcalde de Hermandad de la Guardia de Luján. Tras considerar informes sobre su conducta y aptitud para el cargo, los capitulares resolvieron revocar su nombramiento por estimarlo incapaz para ejercer adecuadamente la administración de justicia. En su reemplazo, designaron a Francisco González como alcalde de Hermandad de dicho partido y dispusieron que fuese citado para presentarse ante el Cabildo a tomar posesión del empleo.

Finalmente, atendiendo a que los candidatos previamente propuestos para el cargo de alcalde de Hermandad del Fortín de San Claudio de Areco habían resultado ineptos o habían declinado el nombramiento, el Cabildo acordó solicitar al elector de dicho partido la presentación de una nueva terna de vecinos idóneos para cubrir el cargo.

Acta de la reunión del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján, celebrada el 29 de enero de 1782.

En dicha fecha se reunieron Antonio Pereyra y Mariño, regidor decano, a cuyo cargo se hallaba la vara de la real justicia; Carlos Tadeo Romero, alcalde del año anterior; y Alonso González, regidor y defensor general de menores. Se dejó constancia de que actuaba el Cabildo del año 1781 por no haberse confirmado aún los electos del presente año.

Carlos Thadeo Romero presentó carta del teniente de rey y gobernador interino, por la cual se ordenaba que, habiéndose depositado la vara en el regidor decano, este continuase administrando justicia hasta la aprobación de las elecciones o superior determinación.

En cumplimiento de lo dispuesto, acordaron que el regidor decano prosiga en la administración de justicia, dando curso a las causas civiles y ejecutivas y demás asuntos del juzgado.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acuerdo, firmando los concurrentes, actuando por ante sí.

Acta de la reunión del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján celebrada el 31 de octubre de 1794.

Asistieron Tadeo Abrego, regidor decano y alcalde interino; Francisco Arnaes, alguacil mayor; Ventura López Camelo, regidor defensor de menores; y el capitán de milicias Juan Antonio Corro, regidor defensor de pobres.

Durante la sesión el regidor decano presentó un pedimento formulado por varios hacendados de la jurisdicción solicitando que se confiriese a Bernardo Miranda la comisión de celador de las campañas. Sobre esta solicitud el virrey había requerido informe al Cabildo.

Considerado el asunto, los capitulares manifestaron que, atendiendo al celo y vigilancia con que Miranda se proponía perseguir a los vagos y ladrones que causaban perjuicios en el territorio, resultaba útil su reposición en dicha comisión. No obstante, señalaron que en ocasiones anteriores había intervenido en diligencias propias de la justicia ordinaria, por lo que estimaron conveniente que, en caso de concedérsele nuevamente la comisión, se abstuviese de tales actuaciones y se limitase exclusivamente a la persecución y aprehensión de delincuentes dañinos para la campaña, dando aviso a las autoridades competentes y remitiendo a los aprehendidos a disposición de la justicia ordinaria, sin intervenir en otras diligencias ni actuaciones. Con ello se evacuó el informe solicitado.

Acta de la reunión del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Nuestra Señora de Luján, celebrada el 4 de febrero de 1793.
Asistieron Gaspar de Contreras, regidor decano e interino por ausencia del propietario; Bernardo Miranda, alguacil mayor; Martín Lobo, defensor general de menores; y Juan Pablo López, defensor de pobres.

En primer lugar se procedió a recibir a Bernardo Miranda en el empleo de alguacil mayor, tomándole el juramento acostumbrado y dándole posesión del cargo, prometiendo ejercerlo fiel y legalmente.

El regidor decano dio cuenta de una real orden remitida desde Buenos Aires, por la cual se previene que en las causas criminales no se proceda a castigo ni soltura de los reos sin dictamen de asesor y consulta con el Superior Tribunal, ordenándose su inserción en los libros capitulares.

Luego, visto el plano y presupuesto de la cárcel de la villa conservado en el archivo, acordaron iniciar sin demora su construcción. Para dirigir la obra nombraron procurador a Gaspar de Contreras, a quien se confirieron facultades para contratar maestro y operarios, proveer materiales y realizar las diligencias necesarias, pudiendo retirar de la caja de propios las cantidades que fuesen precisas conforme al plan aprobado en marzo de 1792.

Asimismo designaron a Pedro Francisco Torres como mayordomo de la obra, encargado del manejo de los materiales y demás efectos. La remuneración correspondiente al procurador de la obra quedó diferida hasta que peritos determinen lo acostumbrado en estos casos.

Oficio dirigido a la Real Audiencia por el alcalde de la Villa de Luján, mediante el cual remite a su disposición a Ignacio Regalado Peralta y a Pascuala Sánchez, señalada como su cómplice, junto con la sumaria que dio mérito a sus prisiones. Remite las actuaciones para que la Audiencia determine el destino que corresponda.

Oficio dirigido a la Real Audiencia, mediante el cual el alcalde de la Villa de Luján remite a su disposición a Juan de la Cruz, detenido por su condición de vago, jugador, carente de oficio y alborotador de la campaña. Informa que había sido remitido por los comandantes de las guardias y que, ante el temor de que quebrantara las prisiones y escapara de la cárcel, dispone su traslado junto con la sumaria formada hasta el momento, cuya instrucción se vio limitada por la distancia de los testigos.

Oficio dirigido a la superioridad por el alcalde de la Villa de Luján, mediante el cual reitera la solicitud de disponer de un auxilio permanente de tropas para asistir a la justicia en las tareas de prisión, conducción y custodia de presos y otros servicios vinculados al funcionamiento de la cárcel. Recuerda que el 25 de febrero había expuesto la necesidad de contar con personal para estas funciones y que el coronel Don Nicolás de la Quintana había ofrecido disponer de dos blandengues o dos milicianos de la guardia de Luján, aunque señaló que no tenía facultades para establecer su permanencia en la Villa.

Solicita que se disponga que dicho auxilio, ya sea de la guardia o de los milicianos de la Villa, se preste de manera continua y anual, atendiendo a las necesidades de la justicia. Fundamenta el pedido en las dificultades que enfrenta para desempeñar sus funciones y en la necesidad de contar con apoyo para asegurar el ejercicio de la autoridad y el mantenimiento del orden en la jurisdicción.

Oficio dirigido al virrey por el Cabildo de la Villa de Luján, mediante el cual acusa recibo de la disposición relativa al procedimiento para determinar el goce del indulto por parte de los reos sin fuero, cuya aplicación corresponde al juez de la causa y, en los casos de gravedad, debe consultarse con la Real Audiencia. Informa que cumplirá con lo dispuesto cuando existan en la cárcel reos comprendidos en dichas condiciones. Señala asimismo que no hay en la Villa reos aforados ni causas que deban remitirse, sin perjuicio de aplicar el procedimiento indicado cuando se presente una situación similar.

Oficio dirigido a la superioridad por el alcalde de la Villa de Luján, mediante el cual remite las actuaciones relativas al pleito seguido durante más de cinco años por Don Pedro Pablo Torres contra Florentino Colman por 354 pesos prestados para la compra de su libertad.

Informa que, concluido el proceso por sentencia definitiva y habiéndose depositado en el juzgado los 354 pesos adeudados, se presentó la cuestión de su destino, debido a que Torres solicitaba su entrega sin que previamente se descontaran las costas judiciales y los 42 pesos que adeudaba a Colman por su conchavo.

Señala que las costas habían quedado pendientes hasta la conclusión de la causa por disposición de la Audiencia y que, encontrándose esta concluida, correspondía proceder a su pago. Refiere que Torres ya había sido notificado de las tasaciones de costas y se había negado a conformarse con ellas, y sostiene que su falta de bienes propios conocidos hacía necesario asegurar el pago con la suma depositada, para evitar que los interesados continuaran sin percibir las costas reclamadas desde 1800.

Finalmente, remite la cuestión en consulta a la superioridad y solicita que apruebe el depósito de los 354 pesos, disponga la tasación de las costas posteriores y ordene que su importe sea descontado de dicha suma antes de entregarla a Torres.

Asimismo, responde a los cuestionamientos formulados por Torres contra Don Domingo Maqueda, escribiente del Cabildo y juzgado, señalando que este se limita a ejecutar las órdenes recibidas y facilitar los documentos y antecedentes requeridos por el juzgado, que cuenta además con un asesor consultor para las cuestiones que requieren dictamen letrado.