Oficio dirigido a la superioridad por el alcalde de la Villa de Luján, en cumplimiento de la orden de recibir a Don Pedro Pablo Torres como teniente comisionado del receptor de multas y penas para la Villa y su jurisdicción. Informa que el Cabildo acordó su recepción, pero que el título exige previamente el otorgamiento de una fianza de 200 pesos corrientes a satisfacción del alcalde y el juramento correspondiente. Señala que Torres presentó como fiadoras a su madre y a dos tías, cuyas condiciones patrimoniales y personales, según expone, no permiten considerarlas suficientes para garantizar la fianza exigida: los bienes de su madre se encuentran indivisos y afectados por una capellanía, una de sus tías está casada con un sujeto que mantiene obligaciones con el erario y la otra es soltera. Ante la negativa de Torres a presentar otro fiador lego y llano, el alcalde suspendió su toma de posesión y eleva el asunto al virrey para evitar responsabilidades por la falta de garantía, solicitando que, con intervención del receptor general de multas y penas, se determine lo que corresponda.

Oficio dirigido a la superioridad por el Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de Luján, mediante la cual solicita que se suspenda la recepción de Don Pedro Pablo Torres como teniente de la Receptoría General de Penas, hasta que la Audiencia examine sus antecedentes y determine sobre la conveniencia de su nombramiento. Expone diversos antecedentes que, a juicio del Cabildo, desaconsejan su incorporación a dicho empleo, entre ellos un episodio ocurrido en 1800 por el que Torres permaneció preso durante 28 días y fue apercibido por la Audiencia, así como su participación en conflictos y alteraciones que habían sido comunicados anteriormente por el Cabildo.

Señala asimismo que, desde su llegada a la Villa con el título de teniente, Torres había hecho público el nombramiento en una pulpería, profiriendo expresiones consideradas ofensivas, antes de presentarlo ante el Cabildo. Cuestiona también su falta de participación en el servicio militar y sostiene que el nombramiento le permitiría eludir las obligaciones que, como vecino, debía prestar al Rey.

Finalmente, el Cabildo cuestiona la necesidad y utilidad del cargo en la Villa, debido a la escasez de multas y penas susceptibles de recaudación y a la confusión entre estas y los recursos que corresponden a los propios de la Villa. Señala que los valores provenientes de cueros aprehendidos a extractores y faenadores fraudulentos habían sido destinados a los propios y que las multas efectivamente recaudadas podían ser administradas por las autoridades locales sin perjuicio de la Real Cámara. Solicita, en consecuencia, que la Audiencia examine los antecedentes expuestos y resuelva sobre la recepción de Torres en el cargo.